La empresa Áridos del Riachuelo recoge todo el material de forma gratuita en sus terrenos ubicados en El Paso, pero no contempla emplearlo para la construcción.
Millones de euros de dinero público en ayudas de la PAC van a empresas integradoras de porcino que ya son altamente rentables. Su modelo, a pesar de purines, gases contaminantes y nitratos, sigue creciendo impulsado por las Administraciones.
Itziar P., una psicóloga de Castellón, se acercó a primera hora de la mañana de un sábado de febrero de 2018 para denunciar que su marido, Ricardo Carrascosa, la amenazaba. Los agentes anotaron la denuncia y pasaron sus respuestas por el algoritmo Viogen, que ayuda a la policía a estimar el riesgo de reincidencia en violencia de género. El programa calificó la situación de ‘leve’ y el juez se apoyó en este documento para denegar la orden de alejamiento que solicitaba la mujer. Siete meses más tarde Ricardo asesinó brutalmente a las hijas que tenían en común, Nerea y Martina, de seis y dos años. El programa había fallado.
Un estudio "a gran escala" en siete países efectuado por investigadores de la red social haya evidencias de que los mensajes de la derecha política y mediática son más potenciados por la plataforma. Twitter asegura que no tiene claro por qué se produce este efecto.
El 8 de noviembre de 2021, se celebra la conferencia "Bioética y derechos humanos", organizada por la Comisión de Bioética Aguascalientes y la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), de México.
La conferencia, en abierto (con inscripción previa), correrá a cargo de la Dra. María Casado, fundadora del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD), titular de la Cátedra UNESCO de Bioética y directora del Máster en Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona.
Día y hora: lunes, 8 de noviembre de 2021, a las 9h (horario de la zona central de México), a las 16h (horario de España)
Lugar: formato virtual
Para inscribirse, rellene el siguiente formulario.
La farmacéutica suiza Novartis y el Ministerio de Sanidad negocian desde principios de año la financiación pública de un innovador medicamento para tratar la atrofia muscular espinal, una rara dolencia genética que impide el desarrollo motor de los recién nacidos y que en las formas más graves reduce su esperanza de vida a apenas dos años. Se trata del Zolgensma, una terapia génica que ha sido calificada como “el fármaco más caro del mundo”, por el que la compañía pide un precio de partida de 1,95 millones de euros por una sola inyección intravenosa.
Zenite Gonzaga Mota, de 71 años, comenzó a sufrir los síntomas de la covid-19 a principios de febrero. Después de una semana tratándose en casa, sintió que le faltaba el aire y su hija, Alzenira, la llevó a un centro de urgencias de Itacoatiara, en el Estado brasileño de Amazonas, a 270 kilómetros de Manaos, capital de la región. Días después, la mujer se convirtió en cobaya humana en un estudio irregular para probar en pacientes de covid la proxalutamida, una droga experimental que se aplica para algunos tipos de cáncer. Pero ni ella ni sus familiares supieron que formaba parte de un experimento que ha situado a Brasil en el centro de un escándalo científico.
Declararse objetor de conciencia en España fue, durante años, una condición restringida al servicio militar. Los movimientos en defensa de ejercer esta libertad de conciencia son antiguos, pero no fue hasta 1984 cuando fue posible con la aprobación de la Ley de Objeción de Conciencia y Prestación Social Sustitutoria (ya derogada). Después llegaría el aborto, cuya regulación dejó libertad total para objetar con el único condicionante de manifestar su reserva “anticipadamente y por escrito”.
La legislación de la eutanasia el pasado marzo ha hecho emerger el debate con un nuevo elemento, la incorporación de un registro previo como requisito para que los médicos objetores puedan ejercer su derecho.
Mención a María Casado, fundadora del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD).
También quiere prohibir los sistemas de puntuación social y que la UE deje de financiar proyectos de inteligencia artificial destinados al control masivo de la población, el control de fronteras y en la justicia penal.
Una empresa de ‘software’ prescindió el pasado agosto de cientos de empleados siguiendo únicamente el dictamen de una inteligencia artificial, un caso que podría convertirse en lo habitual.