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En su notable libro sobre La era del capitalismo de la vigilancia, Shoshana Zuboff recuerda el Edicto de los reyes de España de 1513, que dictaba que los soldados tenían que leer un “Requisito” a los indios de América, preguntándoles si aceptaban someterse: “Declaramos que es de conocimiento público que Dios es uno e indivisible, que hay una sola esperanza, un solo Rey de Castilla, dueño de estas tierras: manifestar sin demora y jurad vuestra lealtad al rey de España, como sus vasallos".

Para establecer las tareas de la Sanidad Pública en 2021 es imprescindible hacer un balance de 2020, e inevitablemente hacerlo del impacto de la pandemia del covid19 en nuestro país.

Persons  with  substance  use  disorders  (SUD)  in  the United States have been disproportionately affected  by  the  Covid-19  pandemic  —  not  only  are  they,  like  patients  with  other  chronic  dis-eases such as diabetes, at increased risk for se-vere  disease  and  death  due  to  Covid,1  but  data  show that overdose deaths have increased during the pandemic.2 Furthermore, there is significant overlap  between  populations  with  SUD  and  those  facing  housing  instability  and  homeless-ness,  domestic  and  sexual  violence,  and  incar-ceration — social conditions that increase Covid risk.3 To date, only persons who use tobacco, not substances such as opioids, are being prioritized for early vaccination.4

Covid-19  has  devastated  refugees  and  asylum  seekers  in  U.S.  federal  detention  centers,  but  there has been recent cause for optimism.
The Trump administration,  however,  has  devised  a  work-around for vaccine distribution that jeopardizes the  prospect  of  immunizing  detainees,  further  endangering this vulnerable population.

 

En otoño, este centro de Oiartzun, con el 80% de las plazas concertadas por la Diputación, ya vetó la campaña de vacunación contra la gripe estacional
La directora antivacunas de un centro de día en Oiartzun (Gipuzkoa), Aiton-Etxe, se ha situado a sí misma por encima de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), del Ministerio de Sanidad y del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y ha enviado una circular a las familias de los usuarios en la que les informa de que "se ha decidido no administrar" la vacuna contra la COVID-19, a la que ni siquiera llama por su nombre. En su escrito alude, entre otros argumentos, a "efectos secundarios graves a corto plazo", a que es "un producto en fase experimental" y a que "cualquier vacuna requiere ser investigada entre cuatro y diez años" y que no puede funcionar "en unos pocos meses, como es el caso". No solamente eso: hace unos meses se negó a suministrar la vacuna contra la gripe estacional y los mayores que quisieron recibirla tuvieron que pedir cita en su centro de salud.

 

Tras dos años de intenso debate público, el Senado argentino ha aprobado la ley que permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la 14ª semana de gestación. Deroga así una ley muy restrictiva de 1921 que solo permitía abortar en caso de violación o riesgo para la vida de la madre y que durante 99 años ha condenado a las mujeres argentinas a abortar en la clandestinidad bajo la amenaza de ser juzgadas y condenadas a penas de cárcel si eran descubiertas. Finalmente, la movilización social de las mujeres en favor del derecho a decidir sobre el propio cuerpo ha permitido levantar un tabú ancestral y concienciar a una mayoría de los senadores sobre la necesidad de cambiar una ley anacrónica e injusta.

Responses  to  police  brutality  and  the  disproportionate  effects  of  COVID-19  among  ethnic  minority  populations  have  widened  realisations  about  racism,  and  social  and  health   inequities.1   Typically,   medical   institutions   such   as  the  Association  of  American  Medical  Colleges  outline  their   position   against   racism1   separately   from   their   mission for achieving gender equity.2 However, in western settings, the downstream effects of medical education on doctors and patients is shaped by patriarchal and colonial histories  and values.3,4  Patriarchal  cultures  in  medicine  constrain women doctors’ career choices and progression internationally.

We  read  with  interest  the  articles  by  Estella  Ektorp1  and  Nathan  Peiffer-Smadja    and    colleagues,2    which    reported receipt of death threats and cyber  harassment  in  Brazil,  France,  and   Switzerland   after   publication   of  studies  that  did  not  demonstrate  clinical  efficacy  for  chloroquine  and  hydroxychloroquine in COVID-19.

El éxito de la inmunización ante el coronavirus no será completo sin justicia global y claridad en las relaciones entre gobiernos y fabricantes.

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A lo largo de 2020 la Oficina del Delegado de Protección de Datos (DPO) de la Fundació TICSALUT en colaboración con un equipo multidisciplinar coordinado por la Dra. Itziar de Lecuona, subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho – Cátedra UNESCO de Bioética de la Universitat de Barcelona, han desarrollado una metodología y una herramienta ágil para llevar a cabo una EIPD en salud basada en el modelo de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

La propuestase ha adaptado a las necesidades específicas del ámbito de salud para evaluar los tratamientos de datos personales en procesos de investigación e  innovación. Los resultados son una metodología y una herramienta ágil, que permite una autoevaluación para detectar riesgos en el tratamiento de datos personales y su mitigación mediante un lenguaje sencillo; con definiciones y ejemplos para identificar a los actores y describir los tratamientos, y que permite medir los riesgos para establecer un plan de acción. 

En definitiva, la propuesta ayuda al responsable del tratamiento y a los agentes que intervienen en la toma de decisiones con propuestas automatizadas y permite analizar de manera pormenorizada el ciclo de vida de los datos personales implicados. Conviene destacar que la EIPD incluye apartados específicos para evaluar el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Así mismo, la herramienta incorpora mecanismos para recoger el resultado del asesoramiento y la valoración del Delegado de Protección de Datos correspondiente. 

Las EIPD permiten ejercer la responsabilidad proactiva y una adecuada gestión de los riesgos en los tratamientos de datos personales, tal y como establece la normativa sobre protección de datos desde 2018 (Reglamento General de Protección de Datos). Precisamente, con esta propuesta, que está disponible en acceso abierto, la Oficina del DPO contribuye a homogeneizar y estandarizar la metodología y los criterios para llevar a cabo la tarea de evaluación a las entidades de salud, profundizando en aquellos aspectos y particularidades del sector de forma coordinada y sistematizada.

Hoy, 17 de diciembre de 2020, la Oficina del DPO y el equipo coordinado por la Dra. Itziar de Lecuona y conformado por Ricard Mas –ingeniero industrial y consultor experto en operaciones y transformación digital- y Paula Subías –matemática y especialista en ciencia de los datos aplicada en el ámbito de la salud-, han presentado la metodología y la herramienta mediante un caso de uso a los Coordinadores de Protección de Datos de las entidades adheridas al DPO de Salut (TICSALUT). 

• Metodología y herramienta para EIDP en salud y material formativo
• Vídeo de la sesión de presentación y formativa a los Coordinadores de Protección de Datos (TIC SALUT)
• Presentación de la "Metodología de evaluación del impacto relativa a la protección de datos en salud"