La oposición ha presentado en bloque una moción que rechaza la modificación impulsada por el Gobierno central y que será abordada en el pleno del próximo jueves. La propuesta está firmada por PSOE, Bloc, Iniciativa y EU y recuerda que la ley «es la más restrictiva del mundo occidental y España es el primer país que retrocede en lo que respecta al aborto. Este retroceso va más allá de la primera ley del aborto de 1985 y para las mujeres españolas supondrá dos opciones: abortar fuera de España si tienen recursos para hacerlo, o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para su salud». Por ello proponen pedir al ejecutivo de Rajoy que retire el anteproyecto. Esta propuesta requiere del apoyo del grupo Decido o la abstención de al menos dos ediles del PP.
La presidenta de la Fundación Española de Contracepción (FEC), Esther de la Viuda, asegura que la puesta en marcha de campañas de sensibilización y educación sobre el buen uso de los métodos anticonceptivos permite "reducir considerablemente" los embarazos no deseados y, con ello, las interrupciones voluntarias de los mismos sin necesidad de cambiar la Ley del aborto para hacerla "más restrictiva".
La portavoz de la plataforma Derecho a Vivir (DAV), Gádor Joya, exigió este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que fije la fecha para tramitar la nueva Ley del Aborto y le pidió que sea más incisivo en la defensa de la reforma.
El debate abierto por el Gobierno al aprobar el proyecto de ley de Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada divide a la sociedad española, pero se puede concluir que la mitad se identifica con la tesis del Ejecutivo de tener en cuenta tanto los derechos de la mujer como los del no nacido. En concreto, un 50,2% prefiere la «búsqueda del equilibrio» y la vuelta al criterio de supuestos excepcionales que aprobó el PSOE de Felipe González, frente al 38,8% que se inclina por la actual ley de plazos, impulsada por el Ejecutivo de Zapatero en 2010, que permite el aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo.
En España, como en el resto de los países del Primer Mundo, parecía que estábamos a salvo de esa sinrazón. Pero no lo estamos. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha remitido al Parlamento una propuesta de modificación de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que niega a la mujer la capacidad de decidir sobre su cuerpo. Como si no fueran las proteínas, el ácido fólico, el hierro y el calcio del torrente sanguíneo de la mujer lo que hace posible que surja y prospere una nueva vida.
No supone el fin de la amniocentesis o la biopsia corial, pero puede evitar que estas pruebas de diagnóstico prenatal, que implican un riesgo de aborto de entre el 0,5 y el 1%, se realicen de forma innecesaria. Se trata de un simple análisis del ADN fetal presente en la sangre materna, hasta ahora muy difícil de aislar, que permite detectar las anomalías cromosómicas más frecuentes, entre ellas el síndrome de Down.