El informe preliminar elaborado por una de las dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a cargo de dictaminar la reforma de la legislación del aborto insta la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, entre otros motivos, porque "da una respuesta anacrónica criminalizadora" a la realidad de la interrupción del embarazo.