Amnistía Internacional, junto con 15 organizaciones, pide a España, como Estado miembro, que rechace el acuerdo entre la UE y Turquía por poner en peligro la protección internacional a la que tienen derecho las personas refugiadas y que se abran rutas legales y seguras, así como que se adopten medidas urgentes de acogida, con especial hincapié en las necesidades especiales de los más vulnerables.