España, al igual que el resto de los países de la Unión Europea, también ha apostado por políticas cada vez más restrictivas en relación a la protección internacional de las personas migrantes, dando la espalda a sus obligaciones de derechos humanos. Organizaciones locales han denunciado que se siguen produciendo controles de identidad discriminatorios a personas migrantes, a pesar de que las autoridades dictaron instrucciones para prohibirlos. Además, la restricción del acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular a la modalidad de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto supone un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo muy vulnerable, incluso podría poner en peligro su derecho a la vida.