Desde 2007, Europa ha gastado 341 millones de euros en investigar la aplicación de tecnología de Inteligencia Artificial (IA) a cuestiones como el asilo, la inmigración y el control fronterizo, a pesar de que la Ley de IA que se debate actualmente en las instituciones europeas no ofrece garantías sobre las malas prácticas de estas tecnologías. La situación es preocupante por la grave amenaza que se cierne sobre nuestros derechos y libertades civiles.