El Ministerio de Justicia considera que la Ley Orgánica de Protección de Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada tendrá un impacto económico "neto positivo por los beneficios esperados por el incremento de la natalidad", aunque reconoce que éste será "difícilmente cuantificable" y en todo caso, requerirá de "una proyección en el tiempo".