El Gobierno, a través del FROB, tomará el control de la Sareb, cuya deuda de 35.000 millones ya computa como déficit público. Creado en 2012 para el rescate público de los bancos, la herramienta limpió de activos tóxicos los balances de las entidades y asumió cientos de miles de inmuebles. Gran parte han sido malvendidos a fondos buitre pese a la histórica escasez de vivienda pública en un país empobrecido y con los alquileres disparados.