La batalla contra la covid-19 ha supuesto un desafío sanitario para el mundo, pero también para las legislaciones de los países democráticos. Las medidas gubernamentales han puesto en jaque derechos individuales, suspendidos o restringidos en favor de los colectivos. Este debate jurídico, del que España no ha escapado se adentra en otro escenario: el de la era de la vacuna. Con una importante parte de la población inmunizada y ante la proximidad del momento en el que todos los mayores de edad puedan estarlo si lo requieren, brotan nuevas preguntas: ¿se podrá obligar a los ciudadanos a vacunarse para alcanzar la inmunidad de rebaño? ¿Y a colectivos concretos? ¿Alguien podrá perder el trabajo si no lo hace? ¿Se puede exigir el pasaporte covid u otro certificado para entrar en locales de ocio? ¿Estas medidas son discriminatorias? ¿Vulneran derechos?