Un grupo de expertos pide el aborto libre hasta la semana 14 para evitar fraudes - ADN

Un grupo de expertos pide el aborto libre hasta la semana 14 para evitar fraudes

Diario ADN, Barcelona, 22 de abril de 2008
Europa Press Barcelona

El Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona propone que las madres en situación socioeconómica difícil puedan interrumpir su embarazo hasta la semana 22

El Observatorio de Bioética de la Universitat de Barcelona (UB) ha pedido hoy que el aborto sea libre hasta la semana 14 de gestación e introducir un criterio socioeconómico hasta la 22ª para resolver el "vacío legal" de la legislación actual y, así, evitar fraudes y el turismo abortista, tras la apertura de una investigación a clínicas barcelonesas por presuntas irregularidades.

A la luz del Documento Sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo, consensuado por 44 expertos y que ha sido presentado por la directora del Observatorio, Maria Casado, ha reclamado que el aborto sea considerado un "acto" y "derecho" sanitario más, garantizado en todos los centros sanitarios que reciban algún tipo de financiación pública.

Casado ha asegurado que el marco lesgislativo vigente está "desfasado por no ajustarse a las realidades sociales actual" y es "inaceptable", por lo que ha reclamado una normativa contundente que aborde el tema de forma "clara y gradualista" con voluntad política, tras años de vacío legal.

En concreto, el documento propone que el aborto sea libre hasta la semana 14, incluso para las menores de 16 a 18 años con madurez suficiente acreditada por el profesional médico, como asegura que sucede en la mayor parte de países de la Unión Europea (UE).

"Llamar a las cosas por su nombre"

El texto también apuesta por la introducción de un nuevo supuesto socioeconómico que permita abortar hasta la semana 22 de gestación a las mujeres en situación socioeconómica difícil y acabar así con el gran número de mujeres que hasta ahora se acogían al criterio de grave perjuicio psíquico para la madre a la hora de abortar, en clínicas privadas en el mayor número de casos. "Vamos a coger el toro por los cuernos" y "a llamar a las cosas por su nombre", ha subrayado Casado.

El Ministerio de Sanidad calcula que más del 97% de los abortos en España tienen lugar en centros privados, y la mayoría se acogen al supuesto terapéutico de peligro grave para la vida o salud física o psíquica de la embarazada. La mayor parte de los que se practican en los hospitales públicos se deben a malformación del feto, que es el supuesto eugenésico permitida hasta la semana 24, y algunos a violación, supuesto ético permitido hasta la semana 12.

Creación de una comisión externa

Por otra parte, el documento propone que se mantenga el supuesto terapéutico y eugenésico. Asimismo, aboga porque la autoridad sanitaria y legislativa instaure una comisión externa de valoración y control, plural en cuanto a sensibilidades y multidisciplinaria en cuanto a especialistas para analizar cada caso y asegurar así el cumplimiento de la normativa.

Según ha destacado uno de los coordinadores del documento en la presentación, el secretario del Comité de Bioética de la UB, Albert Royes, esta comisión debería ser "independiente" y tener 15 días para valorar cada una de las demandas. En el caso de silencio administrativo, éste debería considerarse de forma "positiva" y favorable a que la mujer se someta a un aborto.

Prohibido objetar

Royes ha insistido en su reivindicación de que la interrupción voluntaria del embarazo sea un acto sanitario más, que debe conjugarse con la objeción de conciencia de los sanitarios, pero "no de los centros", que, a su juicio, como institución no deberían poder objetar. En su opinión, deberían establecer turnos para garantizar que en todo momento una mujer puede abortar.

Respecto al aborto en el caso de menores, la también coordinadora del documento, directora del Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad y presidenta de la Sociedad Catalana de Contracepción, Rosa Ros, ha apostado por que prevalezca la voluntad de la menor en el caso de las jóvenes de 16 a 18 años, siempre que un profesional acredite madurez, y que en el caso de los 12 a los 16 se valore la situación en favor de la decisión de la adolescente.

Entre los firmantes del documento destaca la presencia de la catedrática de Derecho Penal de la UB Mirentxu Corcoy; la bióloga y directora científica del Servicio de Medicina de la Reproducción de la Dexeus, Anna Veiga; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Murcia Jaime Peris, así como médicos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos, farmacéuticos, abogados y anestesistas españoles y extranjeros, entre otros.