Entre 2011 y 2013 se solicitaron en los juzgados del Estado 253 esterilizaciones, 50 de las cuales en Cataluña. La Convención de la ONU estipula que la esterilización por discapacidad intelectual se practicará de forma excepcional, pero el marco legal español permite la intervención de la persona ha sido declarada incapacitada. Entidades sociales consideran que en algunos casos se están vulnerando los Derechos Humanos y piden un cambio integral.
El último párrafo de la noticia, cita y utiliza el documento publicado por el OBD "Bioética y discapacidad".