El gobierno perdió un juicio ante un grupo de unos 100 ginecólogos que presentó hace dos años un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para impugnar 11 de los 42 artículos del decreto que reglamentó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Los médicos sostenían que el decreto restringía "ilegítimamente el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal de salud", según establece la sentencia a la que accedió El Observador.