La propuesta de reforma de la Constitución francesa, que otorgaría a los servicios de seguridad carta blanca para clausurar organizaciones, practicar registros en domicilios sin orden judicial, cerrar mezquitas y restringir la libertad de circulación, dejaría a muchas personas aún más expuestas a sufrir violaciones de derechos humanos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.